Carlos D’Arrigo
Socio, Brito, D'Arrigo, Martínez Kreston
El proyecto de reforma de los hidrocarburos en Venezuela ofrece nuevas oportunidades al sector energético
February 20, 2026
El proyecto de ley de reforma de los hidrocarburos de Venezuela aporta reformas reguladoras graduales y una renovada apertura a la participación extranjera. Los ajustes a la Ley de Hidrocarburos, que llegaron tan recientemente como enero de 2026, la ampliación de los marcos de las empresas conjuntas y la evolución de las normas de inversión extranjera han creado un entorno más flexible para las empresas internacionales que buscan entrar en proyectos de petróleo, gas y energías renovables emergentes. Estos cambios -combinados con los esfuerzos por modernizar los mecanismos del comercio internacional- señalan una ventana estratégica para los inversores preparados para navegar por un mercado en transición.
¿Qué es el nuevo proyecto de ley de reforma de los hidrocarburos venezolanos?
El 29 de enero de 2026, Venezuela promulgó y publicó la Ley de Modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que introduce cambios significativos en el marco normativo que regula la exploración, producción, transporte, refino y comercialización de hidrocarburos. La enmienda establece tres estructuras permitidas para llevar a cabo las actividades primarias: directamente por el Estado o sus entidades de propiedad total; a través de Empresas Mixtas en las que el Estado conserva la propiedad mayoritaria; y a través de contratos entre entidades de propiedad estatal y empresas privadas domiciliadas en Venezuela. Aunque preserva la propiedad estatal de los yacimientos de hidrocarburos, la reforma amplía las vías de participación del sector privado y formaliza nuevos mecanismos contractuales bajo la supervisión del Ministerio. También permite expresamente el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, incluido el arbitraje, de acuerdo con las directrices que dicte el Ministerio.
La enmienda introduce un régimen fiscal revisado que entrará en vigor 60 días después de su publicación (el 3 de abril de 2026). El Estado podrá aplicar cánones de hasta el 30% sobre los volúmenes extraídos no utilizados en las operaciones, y un nuevo Impuesto Integrado sobre los Hidrocarburos de hasta el 15% sobre los ingresos brutos mensuales, con tipos determinados en función del proyecto y ajustables para preservar el equilibrio económico. La ley incluye disposiciones transitorias que obligan a las Empresas Mixtas existentes y a determinados contratos celebrados en virtud de la Ley Antibloqueo a adaptarse al nuevo marco en un plazo de 180 días, sin empeorar las condiciones económicas acordadas previamente. Se derogan varios estatutos anteriores que regían la participación privada en las actividades primarias de hidrocarburos, mientras que los Contratos de Participación Productiva existentes siguen siendo válidos, sujetos a ajustes de conformidad.
Brito, D’Arrigo, Martínez Kreston preparados para la complejidad normativa
Brito, D’Arrigo, Martínez Kreston en Venezuela se ha posicionado estratégicamente para apoyar esta nueva ola de inversiones. Como preparación para el proyecto de ley de reforma de los hidrocarburos de Venezuela, ha ampliado sus servicios especializados y verticales del sector para satisfacer las necesidades de los actores energéticos internacionales, incluida una mejor planificación fiscal transfronteriza, estructuración de empresas conjuntas, auditoría operativa y asesoramiento en materia de cumplimiento adaptado a la complejidad normativa del sector.
El equipo de BSG también ofrece apoyo fiscal a los expatriados, apoyo en la diligencia debida, cumplimiento de las sanciones de la OFAC para proyectos upstream y downstream, y orientación para navegar por los cambiantes marcos comerciales, bancarios y monetarios.
A medida que Venezuela redefine su estrategia energética, los inversores necesitan socios que comprendan tanto la oportunidad como el riesgo. Brito, D’Arrigo, Martínez Kreston ofrece asesoramiento a los clientes que evalúan y explotan proyectos energéticos en el entorno normativo de Venezuela.




